A lo largo de más de siglo y medio, la protección de la naturaleza ha estado estrechamente ligada a las montañas. No es casual. Las montañas han funcionado como espacios emblemáticos donde primero se reconoció el valor escénico, simbólico y científico de la naturaleza y, también, como territorios especialmente frágiles frente a la explotación forestal, la urbanización, las infraestructuras o el turismo masivo. En ese sentido, la historia de la protección de las montañas permite ver con mucha claridad una evolución de escala geográfica: desde enfoques inicialmente locales -desde el punto de vista de las naciones o
estados-, hasta una visión mucho más amplia y global, conectada con la biodiversidad, el desarrollo sostenible, el paisaje y la gobernanza internacional. Esa trayectoria general se aprecia con nitidez tanto en el ámbito internacional como en España, en Aragón y, de forma muy concreta, en el caso de Canal Roya.
En los orígenes, durante el siglo XIX y primeras décadas del XX, la protección de la naturaleza en montaña se articula sobre todo desde el Estado y desde una lógica de conservación de parajes singulares. La creación de Yosemite y Yellowstone en Estados Unidos, la Ley de Montes de 1863 en España o la declaración de otros parques nacionales en Europa, responden a esa primera sensibilidad: proteger espacios excepcionales por su belleza, su carácter monumental o su utilidad forestal e hidrológica. En España, la declaración en 1918 de Ordesa y de la Montaña de Covadonga como primeros parques nacionales muestra muy bien esa vinculación fundacional entre alta montaña y conservación. En Aragón, Ordesa se convierte desde el inicio en un caso paradigmático, al que se suman después, de forma muy temprana, San Juan de la Peña o el Moncayo con otras figuras de protección.
Sin embargo, esa primera fase no debe interpretarse como un proceso lineal ni exento de contradicciones. Durante mucho tiempo coexistieron iniciativas protectoras con políticas de aprovechamiento intensivo, desarrollismo y fomento del turismo de nieve. En la segunda mitad del siglo XX, especialmente desde los años sesenta y setenta, el impulso a las estaciones de esquí, las carreteras, las urbanizaciones y las infraestructuras turísticas transformó profundamente muchas áreas de montaña. En Aragón esto se ve con claridad en las estaciones invernales de Candanchú, Formigal, Panticosa, Astún y Cerler, así como en los sucesivos proyectos que se ciernen sobre Anayet y Canal Roya. Es decir, la montaña se convierte al mismo tiempo en espacio a proteger y en recurso económico a explotar, una tensión que atraviesa toda la cronología de la tabla que hemos procedido a realizar y que ilustra esta ponencia.
A partir de los años setenta y, sobre todo, de los ochenta y noventa, se produce un cambio decisivo de paradigma. La protección de las montañas deja de entenderse solo como declaración de espacios singulares dentro de cada país y empieza a vincularse con marcos internacionales más ambiciosos. La Carta Ecológica de las Regiones de Montaña, la Estrategia Mundial para la Conservación, el Informe Brundtland, el Convenio Alpino, la Cumbre de Río de 1992, el Convenio de Diversidad Biológica, la Red Natura 2000, el Convenio Europeo del Paisaje, el Año Internacional de las Montañas de 2002, la Agenda 2030 o el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal reflejan ese paulatino proceso. La montaña pasa a ser contemplada no solo como paisaje sublime o reserva nacional, sino como un ecosistema.