El turismo de naturaleza ha crecido exponencialmente en las últimas décadas y hoy más del 30% de los viajes internacionales tienen como destino áreas naturales. Un estudio realizado por la Universidad de Cambridge, en 2015, estimaba en unos 8.000 millones las visitas que anualmente recibían las áreas protegidas a nivel mundial1. Este auge, impulsado por mayor conciencia ambiental y deseo de contacto con paisajes vírgenes, ha generado beneficios económicos relevantes, pero no siempre ha ido acompañado de planificación adecuada. Muchos espacios protegidos han sido promovidos como productos turísticos sin considerar su capacidad de acogida ni sus límites ecológicos, lo que ha derivado en una presión excesiva sobre recursos frágiles, generado un fenómeno conocido como “masificación de visitantes”, que representa un significativo desafío para su conservación.
Los espacios naturales protegidos son esenciales para conservar biodiversidad, mitigar el cambio climático y garantizar servicios ecosistémicos. Sin embargo, su creciente popularidad ha generado una presión excesiva en determinados destinos y periodos del año. La masificación no afecta a todos los espacios ni de forma permanente, pero se intensificó tras la COVID-19, especialmente en áreas próximas a grandes ciudades. Las causas de esta masificación son múltiples: mayor accesibilidad, necesidad social de naturaleza, promoción en redes sociales, auge de deportes al aire libre, proximidad a áreas urbanas, atractivo de paisajes emblemáticos y facilidad de acceso a equipamientos. Este aumento de visitantes conlleva comportamientos inadecuados como circulación fuera de senderos, basura, afecciones a la propiedad privada, uso indebido del fuego o introducción de especies invasoras.
Los impactos ambientales incluyen compactación del suelo, erosión, alteración de la vegetación y perturbación de la fauna, que puede desplazarse a hábitats de menor calidad. También se generan residuos y desequilibrios ecológicos. En el plano social, la saturación reduce la calidad de la experiencia, provoca conflictos entre visitantes, gestores y comunidades locales, y puede generar percepciones de injusticia en el reparto de beneficios.
Para gestionar la masificación se requieren planes adaptativos, normativa adecuada, estudios técnicos sobre visitantes e impactos, programas de seguimiento, estrategias eficaces de comunicación, uso de tecnologías digitales, redes de equipamientos bien distribuidas, cooperación institucional y suficientes recursos humanos y materiales para abordar todas estas tareas.
Entre las herramientas disponibles destaca el concepto de capacidad de acogida, entendido como el nivel máximo de visitantes que un área puede soportar con el menor impacto ecológico y la mayor satisfacción posible. Su aplicación permite fundamentar decisiones sobre infraestructuras, regulación de accesos, zonificación o sistemas de reserva.
La capacidad de acogida se compone de tres dimensiones. La capacidad de acogida física, que viene definida, básicamente, por el número de visitantes que un área determinada puede acoger según sus propias características físicas (dimensiones, dificultad de tránsito, etcétera) y de los equipamientos de acogida vinculados a ella (senderos, aparcamientos, vías de acceso y circulación, etcétera). La capacidad de acogida ecológica que determina el umbral a partir del cual aparecen impactos críticos o irreversibles, considerando la resiliencia del ecosistema y el límite de cambio aceptable, cuya aplicación requiere enfoques de gestión adaptativa basados en seguimiento continuo. La capacidad de acogida psicológica que identifica el nivel a partir del cual los visitantes perciben masificación e insatisfacción, relacionando percepción y afluencia real.
El valor global de capacidad de acogida viene dado por el menor de estos tres componentes y debe interpretarse como una referencia flexible, no como una cifra rígida, ya que los impactos dependen del perfil y comportamiento de los visitantes, del tiempo de permanencia y de la fragilidad del entorno. Además, debe revisarse según variables sociales y acompañarse de medidas de gestión y seguimiento.
Experiencias internacionales demuestran su eficacia. En Machu Picchu se implantaron límites diarios, horarios escalonados y rutas definidas. En Galápagos se aplican cupos estrictos por isla con monitoreo científico y participación comunitaria. En España también tenemos buenos ejemplos, como la regulación del acceso al Biotopo Protegido de S. J. de Gaztelugatxe (Gómez-Limón y García Ventura, 2020)2 o en el Parque Rural de Teno la regulación del acceso al Barranco de Masca (Gómez-Limón y García Ventura, 2023)3.
En definitiva, la capacidad de acogida es una herramienta práctica que permite compatibilizar conservación y uso público, integrando a la sociedad en la naturaleza y considerando al visitante no como problema sino como aliado para la conservación, siempre que existan planificación rigurosa, gestión adaptativa y compromiso institucional.
1 Balmford A., Green J.M.H., Anderson M., Beresford J., Huang C., Naidoo R., et al. (2015). Walk on the Wild Side: Estimating the Global Magnitude of Visits to Protected Areas. PLoS Biol 13(2): e1002074. doi:10.1371/journal.pbio.1002074.
2 Gómez-Limón, J. y García Ventura, D. 2020. Elaboración de un estudio sobre la capacidad de acogida de uso público en el Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe (Bizkaia). Diputación Foral de Bizkaia. Informe inédito. 109 pp.
3 Gómez-Limón, J. y García Ventura, D. 2023. Evaluación de la regulación de accesos al Barranco de Masca. Parque Rural de Teno. Isla de Tenerife. Área del Medio Natural y Seguridad. Cabildo Insular de Tenerife. Informe inédito. 56 pp.