Desde que la recuperamos, tenemos clavada con una chincheta en la memoria la noticia de Heraldo de Aragón de 13 de junio de 1976. Su titular, “No a la urbanización de Canal Roya”, resumía el sentir ciudadano ante el proyecto que comprendía una urbanización a la entrada del valle, una estación de esquí al fondo y una carretera de cuatro kilómetros entre una y otra.
Poco a poco, las propuestas expansivas de la industria del esquí cuajaban en los valles con más remontes del Pirineo aragonés. Varias veces se propuso Jaca como organizadora de los Juegos Olímpicos de Invierno, en ocasiones con propuestas inverosímiles. Las campañas Jaca 98 y Jaca 2002 tuvieron un importante respaldo por parte del Gobierno de Aragón y alcaldes de diferentes partidos políticos. En 1999, el ayuntamiento de Canfranc, siempre anhelante de una estación de esquí propia, propuso la unión con las estaciones del Valle de Tena por la Canal de Izas.
Pero ese mismo año 1999, en medio de la vorágine olímpica, se planteó la declaración del Parque Natural de Anayet por parte de la Federación Aragonesa de Montañismo y entidades conservacionistas y se realizó una concentración los días 18 y 19 de septiembre. Ya se apostaba por utilizar la figura de Parque Natural.
Cuando en 2004 se iniciaron las obras de ampliación de las pistas de Formigal por el valle de Espelunciecha con el objetivo de continuar el día de mañana por Canal Roya, las organizaciones ecologistas iniciaron una intensa campaña para la salvación de Espelunciecha. Sin embargo, las máquinas trabajaban inexorables y, ante la batalla perdida, la Federación Aragonesa de Montañismo lanzó una nueva campaña por la declaración del Parque Natural de Anayet que se prolongó intensamente durante el año 2005 con la ayuda de un folleto muy ampliamente difundido que proponía una superficie protegida de 5.000 hectáreas
El Gobierno de Aragon aprobó el “Decreto 223/2006, de 7 de noviembre, por el que se inicia el procedimiento de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Anayet-Partacua y se crea un Consejo consultivo y de participación”, ampliando hacia el sur la propuesta territorial que alcanzaba así las 23.569 hectáreas. Mediante equipos de trabajo, se comenzaron a aplicar criterios físicos, biológicos y socioeconómicos y se recogió el sentir de la población. Iniciados los trabajos, e incluso avanzados, se paralizaron sin una resolución expresa hasta el momento actual.
De acuerdo con la legislación del Estado, el territorio delimitado podría declararse Parque Nacional. Ciertamente, carece de sentido promover tal declaración para un territorio de modestas dimensiones, pero se podría retomar la propuesta de un Parque Nacional de los Pirineos de Aragón que conectase el valle de Canfranc con el de Ordesa, quedando como una isla las pistas de Formigal. Sería colindante con el Parque Nacional francés.
También carece de sentido utilizar la figura de Monumento Natural, ya que se aplica a “formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial”. Podría declararse el Monumento Natural de las turberas y pico Anayet, pero la opción reflejaría una pobre apuesta desde el punto de vista de la conservación.
Por eso la figura adecuada parece ser la de Parque Natural, algo que ya advirtieron las propuestas anteriores de Parque Natural de Anayet, y es acorde con lo previsto en la vigente Ley de Espacios Naturales Protegidos de Aragón. “Los Parques naturales son espacios de relativa extensión, poco transformados por la explotación u ocupación humana, que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente, en los que la existencia del hombre y sus actividades son compatibles con el proceso dinámico de la naturaleza a través de un uso equilibrado y sostenible de los recursos.”
Y nos queda una esperanzadora posibilidad. Retomar la ya intentada Ley de Protección de la Alta Montaña. En 2005 se presentó una Iniciativa Legislativa Popular ante las Cortes de Aragón, con 30.000 firmas de ciudadanos, el doble de las exigidas, impulsada por la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón. El 15 de diciembre de 2005 se rechazó su admisión con los votos en contra de PSOE y PAR, la abstención de PP y el voto a favor de CHA e IU. El éxito de aquella votación que rechazó la iniciativa ciudadana no fue la más honrosa de las victorias.