La biodiversidad está en crisis, con una pérdida del 2 % al 6 % por década en los últimos 50 años y más de un millón de especies en peligro de extinción. Aproximadamente el 75 % del medio terrestre y el 66 % del marino están muy alterados por la actividad humana. Junto al cambio climático, la pérdida de la biodiversidad es clave para el mantenimiento de los procesos biológicos en el planeta tal y como los conocemos.
En España, la situación es muy grave. Aunque alberga el 54 % de las especies europeas y aproximadamente el 5 % de las conocidas en el mundo, es el país de la Unión Europea (UE) con más especies amenazadas. Además, sólo el 9 % del territorio tiene un estado de conservación “favorable”. Los factores más importantes de esta degradación ecológica son la transformación, la pérdida y la fragmentación de hábitats, impulsadas por infraestructuras, urbanización, monocultivos y proyectos extractivos.
Los espacios naturales protegidos, así como otros entornos que por sus características ecológicas también deberían estar legalmente preservados, son los pilares de la urgente conservación y reconstrucción de la biodiversidad a nivel mundial. Los estudios científicos (CSIC) confirman su valor, demostrando que la Red Natura 2000 actúa como un escudo frente a la desertificación. Los expertos advierten de la necesidad de una red bien conectada y con gestión adaptativa para mantener su funcionalidad frente al cambio climático.
Sin embargo, incluso la custodia efectiva de estos lugares está a menudo en cuestión. Aunque el 90 % de los sitios de la Red Natura 2000 tienen planes de gestión, muchos son deficientes. Aunque España sea el país que más superficie aporta a la red Natura 2000 en Europa con un 36,8 % del territorio protegido, los espacios protegidos del estado adolecen de una protección real insuficiente, una gestión deficiente, de hábitats importantes no representados en la red de ENP y una distribución territorial desigual, lo que los hace vulnerables a las presiones económicas y los efectos del cambio climático.
El papel de las corporaciones
Las grandes empresas y corporaciones, a menudo con respaldo gubernamental, priorizan el beneficio económico a corto plazo por encima de la conservación de la naturaleza. Esta mentalidad fomenta la mercantilización del territorio. Los espacios de alto valor ecológico se ven como meras oportunidades de negocio por sus recursos naturales o ubicaciones estratégicas. Las leyes ambientales se perciben, entonces, como obstáculos al crecimiento. Por ello, es frecuente que proyectos destructivos en zonas protegidas o de elevado valor ambiental se justifiquen en nombre del desarrollo local utilizando un amplio repertorio de tácticas para eludir normativas y ganar apoyo.
El papel de las administraciones públicas
España es el país de la UE con más infracciones ambientales abiertas, con 24. Existe un problema estructural de permisividad y falta de aplicación rigurosa de la normativa. Esto implica la necesidad de una revisión urgente de los procesos burocráticos y un fortalecimiento de las capacidades institucionales para aplicar de manera efectiva la normativa ambiental vigente. La permisividad, incluso a veces negligencia o complicidad de las administraciones públicas ha generado un clima de impunidad y falta de disuasión hacia las empresas lo que permite que se pongan encima de la mesa múltiples proyectos que afectan directamente espacios protegidos.
El papel de la sociedad
Frente a la permisividad institucional y la fuerte presión de los grandes intereses económicos, la sociedad civil desempeña un papel crucial en la defensa del territorio y la protección ambiental en España. Son cada vez más las tácticas utilizadas por la sociedad para frenar estos proyectos dañinos que van desde el activismo social más clásico hasta nuevas vías de activismo jurídico aprovechando lo que ofrecen los litigios estratégicos o nuevos instrumentos jurídicos de protección siguiendo la lógica de los Derechos de la Naturaleza.
12 ejemplos de proyectos que amenazan la Biodiversidad en España
Existen muchísimos casos que evidencian cómo los intereses económicos de algunas empresas se sitúan por encima del interés común que es el cuidado de la biodiversidad, ante la dejadez, o a veces incluso el apoyo, de las administraciones. En el informe de Greenpeace se presentaron 12 ejemplos que afectan a espacios de alto valor ecológico. Estos proyectos demuestran que las agresiones afectan a todo el territorio y llegan desde una enorme variedad de sectores económicos, desde el papelero y ganadero hasta el minero, energético, turístico, de las comunicaciones e incluso el cultural. Entre los 12 casos hay dos que están situados en Aragón. El proyecto de unión de las estaciones de esquí de Formigal, Astún y Candanchú en Canal Roya y el Cluster del Maestrazgo de energías renovables.